La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) expresa su más enérgico rechazo a la eliminación arbitraria de las licencias profesionales de numerosos abogados y notarios en Nicaragua, una nueva acción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que profundiza el desmantelamiento del Estado de derecho y el cierre definitivo de los espacios de justicia en el país.

Las recientes denuncias del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) evidencian que cientos de profesionales del derecho fueron excluidos de los registros oficiales sin notificación previa, sin debido proceso, sin fundamento jurídico y sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Esta medida no solo vulnera los derechos de quienes ejercen la abogacía, sino que priva a toda la población nicaragüense del acceso a una representación legal independiente y a un juicio justo.

Desde 2018, la dictadura ha construido un sistema de persecución que ha criminalizado el ejercicio de los derechos y las profesiones. Primero fueron las personas manifestantes, defensoras de derechos humanos, líderes religiosos y más de 5600 organizaciones de la sociedad civil clausuradas. Posteriormente despojó de su nacionalidad a cientos de personas, confiscó universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales. Más recientemente, decidieron expulsar de su carrera a estudiantes de medicina que no cumplían con determinados requisitos totalmente arbitrarios y persiguen a las y los periodistas que aún en el exilio continúan recibiendo amenazas a su integridad como denunció la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED);

Hoy, la eliminación sistemática de abogados y notarios constituye un nuevo eslabón en esa política de represión y concentración absoluta del poder.

La reforma constitucional impuesta en 2025 terminó de desmantelar la independencia judicial al convertir al Poder Judicial en un órgano subordinado al Ejecutivo, eliminando los contrapesos institucionales que toda democracia requiere. La depuración de jueces, magistrados y ahora de abogados confirma que en Nicaragua ya no existen garantías mínimas para el acceso a la justicia ni para la defensa de los derechos fundamentales.

La persecución contra la profesión jurídica representa un ataque directo contra uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. Sin abogados independientes no existe debido proceso, no existe tutela judicial efectiva y las víctimas quedan completamente indefensas frente al abuso del poder.

Desde la AMS consideramos que esta nueva escalada represiva se suma al conjunto de graves violaciones a los derechos humanos documentadas desde abril de 2018 por mecanismos internacionales, que han concluido que en Nicaragua existen fundamentos razonables para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Cada nueva acción orientada a destruir las instituciones democráticas y perseguir a quienes ejercen funciones esenciales para la protección de derechos profundiza la responsabilidad internacional del régimen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos regionales y universales de derechos humanos, a los colegios de abogados y a las organizaciones jurídicas del mundo a condenar esta nueva agresión contra el Estado de derecho y a fortalecer los mecanismos de protección para las personas perseguidas por ejercer la defensa de los derechos humanos y la profesión jurídica.

¡Luchamos por las dignidades!

Articulación de Movimientos Sociales (AMS)