La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) rechaza las nuevas reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura por una Asamblea Nacional que usurpa la soberanía popular, así como la estructura institucional que actualmente ostenta el poder en Nicaragua, surgida de procesos electorales fraudulentos y de la represión violenta ejercida contra el pueblo nicaragüense. La llamada Asamblea Nacional y la Presidencia de la República forman parte de un régimen dictatorial que ha usurpado el poder y que, bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, utiliza las instituciones del Estado para perpetuarse.
Por tanto, las decisiones y actos emanados de esta estructura de poder carecen de legitimidad y no deben ser acatados. Todo lo actuado bajo este régimen constituye una farsa institucional y una burla a la soberanía y a la voluntad del pueblo nicaragüense.
Para la AMS, nadie y menos un régimen que haya usurpado el poder mediante el fraude electoral, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos puede arrogarse el derecho de decidir quiénes son ciudadanos políticamente aceptables y quiénes deben ser excluidos de la participación electoral por sus posiciones críticas u opositoras. Elegir y ser electos, organizarnos políticamente y participar en los asuntos públicos son derechos fundamentales inherentes a la soberanía popular, no concesiones de quienes usurpan el poder.
La reforma se suma a las transformaciones constitucionales impuestas durante los últimos años, mediante las cuales la dictadura ha desmantelado la separación de poderes, subordinado las instituciones públicas a su voluntad y convertido el orden constitucional en un instrumento para consolidar su permanencia en el poder. La instauración de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la ampliación del período presidencial y las nuevas restricciones electorales forman parte de un mismo proceso de concentración del poder y de negación de la soberanía popular y de toda posibilidad real de alternancia democrática.
Desde la Dignidad de un Pueblo con Memoria, Justicia y Verdad, advertimos que no se puede normalizar la eliminación progresiva de los derechos conquistados por generaciones que lucharon contra el autoritarismo. Nuestra historia demuestra las consecuencias de sustituir la soberanía popular por la voluntad de un caudillo y una dinastía familiar. Ninguna reforma constitucional puede conferir legitimidad democrática a un poder que ha sido usurpado ni convertir la voluntad de quienes lo detentan en voluntad soberana del pueblo.
La AMS sostiene que la superación de la dictadura y la recuperación de la soberanía popular deben conducir a una verdadera transición democrática, construida por las y los nicaragüenses, con acompañamiento de la comunidad internacional y basada en el respeto a la soberanía nacional, los derechos humanos, la autodeterminación de nuestro pueblo y el restablecimiento pleno del Estado de derecho.
Nicaragua necesita elecciones libres, transparentes, plurales y competitivas; libertad para las personas presas por razones políticas; restitución de las libertades públicas; libertad de prensa y expresión; retorno seguro de las personas exiliadas; garantías para la organización ciudadana y condiciones para que todas las corrientes políticas puedan participar sin persecución ni exclusiones arbitrarias.
También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre Nicaragua y acompañe las demandas democráticas de su ciudadanía mediante los mecanismos del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, procurando que cualquier medida adoptada contra el régimen no profundice las condiciones de vulnerabilidad de la población nicaragüense ni termine trasladando sus costos a quienes ya padecen las consecuencias de la dictadura.
Advertimos desde ahora que la utilización de la Constitución por una estructura de poder usurpadora para garantizar su propia permanencia no le confiere legitimidad ni convierte sus decisiones en expresión de la voluntad soberana de la ciudadanía. Ninguna reforma, procedimiento parlamentario o acto institucional de un gobierno usurpador, puede sustituir el derecho del pueblo nicaragüense a recuperar su soberanía y decidir libremente su futuro.
La Constitución debe limitar el poder, no legitimar su usurpación ni garantizar su perpetuación.
¡Nicaragua tiene derecho a elegir!
¡Luchamos por las Dignidades!
Articulación de Movimientos Sociales (AMS)
2 de septiembre de 2026