«La alimentación en Nicaragua: entre el hambre oculta y la epidemia de obesidad»
El Día Mundial de la Alimentación fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para recordar la importancia del derecho a la alimentación y movilizar a gobiernos, organizaciones y ciudadanos en la lucha contra el hambre y la malnutrición.
Nicaragua enfrenta una paradoja alimentaria: mientras miles de familias siguen sin acceso a una dieta saludable, aumenta el consumo de alimentos de baja calidad nutricional, generando simultáneamente desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad.
Según datos citados del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024 de la FAO, alrededor del 19,6% de la población nicaragüense se encuentra subalimentada, lo que equivale a aproximadamente 1,4 millones de personas.
La FAO también señala que 27,3% de la población no puede costear una dieta saludable, debido al elevado costo de los alimentos nutritivos. Nicaragua ha sido identificada entre los países con problemas persistentes de crisis alimentaria prolongada.
Por otro lado, Nicaragua enfrenta un crecimiento sostenido de la obesidad. El Atlas Mundial de la Obesidad 2025 estima que el 71% de los nicaragüenses presentan exceso de peso (sobrepeso u obesidad) y que el 36% vive con obesidad. La FAO reporta además un incremento de la obesidad en adultos y del sobrepeso infantil, relacionados a un mayor consumo de bebidas azucaradas, incremento de alimentos ultraprocesados, sedentarismo, cambios en los patrones alimentarios urbanos, pero también a la imposibilidad de acceder a alimentos más saludables. Se requiere además que se incorpore la educación nutricional desde los primeros años de vida.
La variabilidad climática y fenómenos como El Niño afectan la producción agrícola, especialmente en el Corredor Seco, reduciendo rendimientos y disponibilidad de alimentos, lo que impacta especialmente a los pequeños productores rurales e indígenas, que dependen casi exclusivamente de la agricultura familiar para su alimentación.
La crisis alimentaria en Nicaragua también refleja las profundas desigualdades y las prioridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no ha garantizado una inversión pública suficiente y efectiva para promover la alimentación saludable. Mientras la mayoría de la población enfrenta el encarecimiento de la canasta básica y debe conformarse con alimentos más baratos, de menor calidad nutricional, la concentración del poder y de los recursos públicos profundiza las brechas sociales y económicas. La falta de una redistribución equitativa de la riqueza y de políticas que prioricen el bienestar colectivo contrasta con los privilegios de quienes controlan el poder político, mientras amplios sectores de la población sobreviven en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria. En Nicaragua, el problema no es únicamente la falta de alimentos, sino también la desigualdad en el acceso a los recursos y la ausencia de una voluntad política que coloque el derecho a una alimentación digna por encima de los intereses de quienes gobiernan.
También las comunidades se han visto afectadas por el cierre de organismos de sociedad civil que apoyaban con diferentes proyectos sobre la adopción de medidas de adaptación al cambio climático, a promocionar nuevas formas de manejo agrícola y a la educación en nutrición.
En las comunidades indígenas la situación de persecución y de invasión en sus territorios impide que las familias puedan trabajar sus parcelas con seguridad, lo que provoca que muchas veces no logren sembrar y no tengan producción para su alimentación incrementándose en estas comunidades la situación de hambruna y de desnutrición.
La alimentación es un tema especialmente importante, que abarca aspectos de salud, cultura, economía, agricultura, cambio climático e inequidad social.
Muchos médicos en los consultorios aconsejan a los pacientes a no consumir tantos carbohidratos, recomiendan para un desayuno huevos, aguacate y otros alimentos que por su precio no están disponibles para la mayoría de la población, por lo tienen que recurrir a los que son más baratos y que no contribuyen a una alimentación balanceada. Así mismo hay aspectos culturales que influyen en una mala alimentación.
Se hace necesario políticas públicas que consideren el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, que implica no solo producir más alimentos, sino asegurar que todas las personas tengan acceso a dietas saludables y culturalmente apropiadas, y a una educación nutricional desde temprana edad.
