La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua denuncia ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional que las recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, afirmando que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, constituyen la confesión pública de un hecho que el pueblo de Nicaragua viene sufriendo desde hace casi dos décadas: en nuestro país ya no existen elecciones libres, sino farsas electorales diseñadas para perpetuar a una familia en el poder.
Desde el 2006, el régimen Ortega-Murillo desmontó progresivamente el Estado de derecho, eliminó la independencia de los poderes públicos, persiguió a la oposición, encarceló y desterró a centenares de personas, canceló partidos políticos, clausuró medios de comunicación y organizaciones sociales y convirtió cada proceso electoral en una pantomima sin garantías democráticas. Las declaraciones de Ortega no inauguran una nueva etapa; simplemente hacen explícito que la dictadura ya no considera necesario mantener siquiera la apariencia a través de sus farsas electorales.
Daniel Ortega y Murillo son usurpadores de la voluntad popular. Su permanencia en el poder no descansa en el consentimiento del pueblo, sino en el fraude, la represión, el miedo y el control absoluto de todas las instituciones del Estado.
Las reformas constitucionales impuestas en 2025, la oficialización de la copresidencia de Rosario Murillo y la ocupación de posiciones estratégicas por miembros de la familia Ortega-Murillo confirman que el propósito del régimen es imponer una sucesión hereditaria. Nicaragua transita hacia una nueva dinastía familiar, semejante a la que el pueblo derrotó en 1979. El FSLN como pasó como el partido liberal para Somoza, ha dejado de funcionar como una organización política para convertirse en el instrumento patrimonial de una familia que ha secuestrado el Estado para garantizar su perpetuación.
No estamos ante un partido único ni ante un gobierno autoritario convencional. Estamos ante un régimen con aspiraciones de monarquía absolutista, que pretende transformar el Estado en patrimonio privado de un clan familiar, subordinando las leyes, las instituciones y la Constitución a los intereses de la familia Ortega-Murillo. Como ocurrió con la dinastía somocista, el objetivo no es defender un proyecto político, sino asegurar la continuidad de un poder personal y hereditario.
La comunidad internacional no debe interpretar estas declaraciones como un simple endurecimiento del régimen. Se trata de la confirmación de la desaparición definitiva de cualquier posibilidad de alternancia política bajo la dictadura y de la consolidación de un sistema incompatible con los principios democráticos y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Consideramos que es indispensable incrementar la presión política en contra del régimen, exigir la libertad de todas las personas presas políticas, el retorno seguro de las personas desterradas y exiliadas, el restablecimiento de las libertades públicas y el derecho irrenunciable del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro.
Ninguna dictadura es eterna. Ninguna familia puede apropiarse indefinidamente de la soberanía de un pueblo. Frente al intento de imponer una nueva dinastía, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a decidir del pueblo y por la memoria de quienes han luchado por una democracia real, con justicia social y libertad.