Por: Juan Carlos Cruz Barrientos.

La reciente declaración de Daniel Ortega —esa sentencia que anuncia que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones capaces de abrirle paso a la oposición— no es solo un gesto autoritario más. Es la confesión abierta de que el régimen ha decidido cruzar una línea histórica: abandonar cualquier apariencia democrática y asumir, sin disimulo, la construcción de una dictadura familiar.

Durante años, el orteguismo se sostuvo en una ficción: la de un autoritarismo electoral que conservaba las formas de la democracia mientras vaciaba de contenido cada una de sus instituciones. Había urnas, partidos, Constitución y organismos electorales, pero todo estaba sometido al control del Ejecutivo, acompañado por la represión y el destierro impuesto a la oposición, la asfixia de las libertades públicas y la manipulación sistemática del voto. Ese montaje servía para engañar a la comunidad internacional y mantener una fachada de legitimidad mientras el poder real se concentraba en la pareja gobernante.

Hoy esa fachada se derrumba. Cuando un presidente anuncia que las elecciones ya no servirán para disputar el poder, lo que está diciendo es que la voluntad popular ha dejado de importar. Nicaragua ingresa así en una dictadura cerrada, donde el monopolio del poder se ejerce sin máscaras y sin excusas.

Este viraje no es improvisado. Forma parte de una estrategia meticulosa para asegurar la continuidad del poder dentro del clan Ortega-Murillo, que gobierna desde hace casi dos décadas. Las reformas constitucionales de 2025, que oficializaron la copresidencia de Rosario Murillo, fueron un paso decisivo. A la par, los hijos del matrimonio han ido ocupando posiciones clave en la diplomacia, la economía, los medios y la administración estatal, construyendo un esquema de sucesión basado en la sangre y no en las reglas.

En cualquier autocracia, la sucesión es el momento de mayor fragilidad. Por eso, eliminar la competencia electoral no es solo un acto de fuerza: es un mecanismo para blindar la continuidad del grupo gobernante y convertirla en un mandato protegido por la ley. Nicaragua se acerca cada vez más a lo que Juan Linz llamó sultanismo: un sistema donde el Estado deja de existir como esfera pública y se convierte en propiedad política de una familia.

La evidencia es contundente. La Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y el resto de las instituciones han sido reducidas a instrumentos del Ejecutivo. Las reformas constitucionales ya no buscan organizar el Estado, sino garantizar la permanencia del clan. En estas condiciones, el Estado deja de ser un espacio institucional y se transforma en el brazo administrativo de un proyecto familiar.

La consecuencia más grave es la desaparición del principio de alternancia. Durante años, pese a todas las irregularidades, subsistía la ficción de que el voto tenía algún peso. Hoy esa ficción se evapora. El sufragio deja de ser un acto de soberanía y pasa a ser un ritual vacío, una ceremonia sin poder real.

La trayectoria del régimen es clara: Nicaragua pasó de una democracia debilitada a un autoritarismo competitivo; luego a un autoritarismo electoral endurecido tras las protestas de 2018; y ahora entra en una fase marcada por la consolidación de una dictadura dinástica. No es solo un endurecimiento del autoritarismo: es una mutación profunda de su naturaleza.

El caso nicaragüense tiene implicaciones regionales. En un mundo donde muchas autocracias aún necesitan elecciones controladas para mantener cierta legitimidad, el régimen Ortega-Murillo opta por un camino más radical: eliminar la competencia política y sustituirla por la permanencia indefinida del poder familiar. Nicaragua empieza a parecerse menos a las autocracias electorales contemporáneas y más a los pocos regímenes hereditarios que sobreviven en el escenario internacional.

Lo que ocurre hoy en Nicaragua no es un simple retroceso democrático: es la instauración de un sistema donde la voluntad popular deja de ser el fundamento del poder. Cuando un gobierno declara que el acceso al poder ya no depende del voto, la democracia no solo ha sido vaciada: ha sido reemplazada por un orden cuyo principio rector es la eternización de una familia en el gobierno.