La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) expresa su profunda preocupación y rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en las que afirmó que “los nicaragüenses tienen el gobierno que han elegido tener” y relativizó la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua.
Estas afirmaciones desconocen la realidad documentada durante años por organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y el propio Estado costarricense. En noviembre de 2021, Costa Rica desconoció oficialmente las elecciones en las que Daniel Ortega se reeligió para un nuevo mandato, argumentando la ausencia de garantías democráticas, la persecución de la oposición, la falta de libertades fundamentales y la inexistencia de condiciones para un proceso electoral libre, justo y transparente.
Resulta contradictorio que hoy se pretenda presentar como una decisión libre de la ciudadanía nicaragüense un proceso electoral que fue ampliamente cuestionado por gobiernos democráticos, organismos internacionales y observadores independientes. Antes de las elecciones de 2021, el régimen encarceló a aspirantes presidenciales, restringió libertades públicas y eliminó las condiciones mínimas para la competencia política.
También nos preocupa profundamente la comparación realizada entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Más allá de las diferencias entre cada contexto nacional, equiparar la discusión únicamente a indicadores económicos o de estabilidad ignora que la democracia se mide también por el respeto a los derechos humanos, la independencia de poderes, la libertad de prensa, la participación política y las garantías para la disidencia. La normalización de los retrocesos democráticos en la región contribuye a debilitar los principios que históricamente han distinguido a Costa Rica como una nación comprometida con la defensa de los derechos humanos.
Las palabras de la presidenta envían además un mensaje doloroso a cientos de miles de personas nicaragüenses que han buscado protección internacional en Costa Rica tras huir de la persecución, el encarcelamiento, las amenazas, la confiscación de bienes, la pérdida de nacionalidad, el cierre de organizaciones y la represión política. Para muchas de estas personas, el exilio no fue una elección, sino una medida de supervivencia.
Costa Rica ha sido durante décadas un referente regional por su defensa de la democracia, el derecho internacional y la protección de las personas refugiadas. Esa tradición no pertenece a un gobierno en particular, sino a generaciones de costarricenses que entendieron que la dignidad humana debe estar por encima de los intereses coyunturales o económicos.
Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a la presidenta Laura Fernández para que reflexione sobre el alcance histórico y político de sus declaraciones. En momentos en que la democracia enfrenta crecientes amenazas en América Latina, los liderazgos políticos están llamados a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, no a relativizar su deterioro.
La historia recordará a quienes guardaron silencio frente a los abusos, pero también a quienes decidieron ponerse del lado de las víctimas, de la democracia y de la dignidad humana. Hoy, la presidenta de Costa Rica tiene la oportunidad de decidir de qué lado de esa historia desea ser recordada.
Articulación de Movimientos Sociales (AMS)
Junio de 2026