Desde la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) expresamos nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la reforma constitucional impulsada por el régimen Ortega-Murillo, que pretende despojar de la nacionalidad nicaragüense a todas las personas que posean o adquieran otra nacionalidad.
Esta reforma, , viola flagrantemente derechos humanos fundamentales, el principio de no apatridia y compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua en tratados que siguen vigentes, como:
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 15 establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en su artículo 20 establece que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, prohibiendo la privación arbitraria de la nacionalidad.
- La Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961), que establece obligaciones claras para prevenir que una persona quede sin nacionalidad por motivos políticos o discriminatorios.
Este acto se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua, donde ya se ha utilizado la desnacionalización como herramienta de represión política, criminalizando el exilio, la defensa de derechos humanos y la disidencia.
Sin embargo, esta medida punitiva no solo castiga a la disidencia política, sino que extiende su impacto violento a todo el pueblo nicaragüense. En este país, cada familia tiene miembros migrantes que, en un contexto de políticas migratorias racistas y excluyentes, ven en la obtención de una ciudadanía una forma de protegerse contra este embate de medidas antiinmigrantes. Esto demuestra que a la dictadura de Ortega-Murillo no le importa el bienestar del pueblo nicaragüense, que se verá afectado tanto emocional como económicamente por este dictado.
Considerando esto:
- Condenamos enérgicamente este nuevo intento de la dictadura por seguir persiguiendo, castigando y borrando la identidad de miles de nicaragüenses que han sido forzados al exilio por ejercer su derecho a expresarse, organizarse, defender derechos y disentir.
- Denunciamos internacionalmente esta reforma como una acción inconstitucional, represiva e inhumana.
- Exigimos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensoras/es de derechos humanos que no reconozcan estas acciones como legales ni legítimas, dictadas por un gobierno usurpador, surgido de la represión y el fraude electoral
- Reafirmamos nuestra identidad nicaragüense, inalienable y no sujeta a la arbitrariedad de ningún régimen.
- Como integrantes de la comunidad exiliada, dentro de nuestras posibilidades vamos a abogar para que se tenga en cuenta la situación de la privación de nuestro derecho a una segunda nacionalidad. Esto es crucial para evitar que se profundice el estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos, ya sea por razones políticas o económicas. Somos pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
La nacionalidad no es un privilegio que un gobierno otorga o quita. Es un derecho humano y un lazo identitario que ningún decreto dictatorial puede borrar.
¡Ser nicaragüense no es negociable!
Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua
19 Mayo 2025