Compartimos la alegría de las familias las personas que hoy han sido liberadas en Nicaragua y ayer en Venezuela, es urgente e impostergable la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos, sin distinción alguna, así como el fin definitivo de la represión. La soberanía popular en Nicaragua y Venezuela se ha visto gravemente afectada por un contexto de persecución, criminalización de la disidencia y falta de garantías democráticas. Solo desmontando la represión y restableciendo plenamente los derechos podrá abrirse un camino real hacia una transición democrática que devuelva la soberanía a quien verdaderamente le corresponde: al pueblo, para que pueda decidir sin miedo, sin persecución y con plenas garantías.
Las recientes excarcelaciones ocurridas han sido limitadas e insuficientes, muchas personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua y Venezuela. El fin de cada detención arbitraria es un acto urgente y largamente esperado por las víctimas y sus familias. Sin embargo, mientras sigan existiendo personas encarceladas arbitrariamente —incluidas personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos— no puede hablarse de justicia ni de respeto a los derechos fundamentales.
Rechazamos que las personas excarceladas sigan siendo sometidas a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios. Demandamos que cada excarcelación vaya acompañada del cierre definitivo, pleno e incondicional de los procesos judiciales contra las víctimas
Reconocemos y acompañamos la lucha incansable de las familias y de las organizaciones que las sostienen. Nos unimos a su exigencia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, para que nadie más vuelva a ser detenido por motivos políticos.
La práctica generalizada y sistemática de detenciones arbitrarias por motivos políticos forma parte de una política estatal orientada a silenciar la disidencia. Estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, actualmente bajo investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por tribunales nacionales bajo el principio de jurisdicción universal.
Llamamos en los términos más contundentes a que se desarticule de inmediato la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos y se investigue —hasta el más alto nivel de responsabilidad— a todas las personas responsables de estas graves violaciones y crímenes de lesa humanidad.
Expresamos nuestra más firme solidaridad con las miles de víctimas y sobrevivientes, y con los millones de personas que han sido forzadas a huir tras años de persecución y violencia estatal.
La libertad, la soberanía, la justicia y la democracia no son concesiones: son derechos.